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La Procuraduría General de la Nación presentó los resultados del Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio, revelando la magnitud de una problemática que afecta gravemente al medio ambiente y la sociedad en Colombia.

El informe señala que la minería ilegal ha sido reportada en 29 de los 32 departamentos del país, siendo Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía los territorios más afectados. Más del 50 % de los municipios colombianos enfrentan los estragos de esta actividad, que ha generado serios conflictos socioambientales.

La explotación ilícita de minerales, particularmente el oro de aluvión, es responsable del 73 % de la minería en 94.000 hectáreas identificadas, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esto ha exacerbado la contaminación por mercurio, un problema crítico en Colombia, país que lidera la liberación de mercurio per cápita a nivel mundial, causando daños irreversibles a los ecosistemas y afectando gravemente la salud de las comunidades ribereñas, especialmente niños y mujeres embarazadas.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, se llevaron a cabo siete campañas de muestreo en colaboración con la Organización Pure Earth y con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Estas investigaciones evidenciaron niveles de mercurio, plomo y arsénico superiores a los límites permisibles en varias regiones, agravando la crisis ambiental y social derivada de esta actividad.

La minería ilegal, que emplea a más de 350.000 personas en Colombia, de las cuales el 90 % están vinculadas a minería artesanal y de pequeña escala, no solo genera impactos ambientales devastadores, sino que también fomenta desplazamientos forzados, violencia, explotación laboral y precariedad social en las comunidades más vulnerables.

La Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios de la Procuraduría hizo un llamado urgente a todos los sectores del país: “La protección de nuestros recursos naturales y la preservación de un ambiente sano para las futuras generaciones solo será posible si trabajamos de la mano con el gobierno, la sociedad civil, organismos internacionales y el sector privado.”

El Ministerio Público instó al fortalecimiento de políticas públicas, el desarrollo de alternativas económicas sostenibles y la implementación de estrategias de control más efectivas para erradicar esta actividad ilícita, buscando mitigar los graves impactos que esta práctica ha generado en el territorio nacional.

 

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