Con el recaudo, la Gobernación de Antioquia invertirá más de 1,09 billones de pesos en tecnología para la seguridad, dignidad locativa para la Fuerza Pública, Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura, convivencia ciudadana y justicia disuasiva entre 2025 y 2027 − Durante la discusión, se adoptó una proposición de la Andi con la cual se fija un tope máximo de contribución por consumo de energía para los sectores comercial, industrial y oficial. − El 85 % de los suscriptores residenciales, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, están exentos de la contribución y el 63 % de los suscriptores comerciales pagarán un máximo de 28 mil pesos al mes, aproximadamente, a precios de 2024.
El Gobernador Andrés Julián agradeció a la Asamblea de Antioquia por la aprobación en segundo debate del Proyecto de Ordenanza No. 59 de 2024, por el cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con la que se busca invertir 1,09 billones de pesos entre 2025 y 2027 en cinco proyectos clave.
“La inseguridad es el impuesto más alto que pagamos como sociedad. Creo en la seguridad como generadora de tranquilidad y motor de la inversión. ¿Para qué libertad o bienes, si no podemos disfrutarlos? La mejor inversión es la seguridad, creo en ella. Como gobernador propuse la Tasa de Seguridad y hoy gracias a Dios fue aprobada. Gracias a los diputados que acompañaron esta iniciativa y a quienes enriquecieron este debate con propuestas y conversaciones incómodas, de eso se trata la democracia y de eso se trata gobernar”, afirmó el Gobernador.
Durante el debate, la Administración Departamental reiteró que el proyecto es constitucional y legal, amparado en la Ley 2227 de 2022 y la Sentencia C – 363 de 2023 proferida por la Corte Constitucional. Además, recordó que la contribución tiene como fin recaudar los recursos para enfrentar los grandes retos que tiene Antioquia en orden público, seguridad ciudadana y convivencia en los 125 municipios del departamento.
Representantes de la Fuerza Pública explicaron en sus intervenciones las necesidades de inversión que tienen para dotar al Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía en materia de infraestructura, movilidad y tecnología. Por ejemplo, el comandante (e) del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, aseguró que los policías deben rotarse los chalecos antibalas y cascos, por lo cual, se hace necesaria la destinación de recursos para elementos de protección, entre otros.
Ocho alcaldes de diferentes subregiones de Antioquia también respaldaron la iniciativa de la Administración Departamental en la Asamblea, al señalar que en sus municipios enfrentan serias dificultades por la destinación de recursos de inversión a la custodia de privados de la libertad, deficiencias en la infraestructura de la Fuerza Pública y falta de tecnología para contrarrestar el bajo pie de fuerza.
Así será la destinación de los recursos
El recaudo de la contribución por la seguridad se destinará a cinco focos de inversión:
- Tecnología como aliada ante menor pie de fuerza: se espera contrarrestar el bajo pie de fuerza del Ejército y la Policía, al incrementar las capacidades tecnológicas para actuar con mayor precisión y rapidez en la prevención, contención y esclarecimiento de delitos.
- Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad – 123 Departamental: Circuitos Cerrados de Televisión (cámaras con movimiento y detección de placas), creación de la Línea 123 Antioquia, con integración de servicios de vigilancia, emergencias, Línea 123 Mujer Antioquia y Salud. Seremos el primer departamento con esta capacidad.
- Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia: Fibra óptica en 5 mil kilómetros de vías secundarias, para conectar cámaras de seguridad.
- EMPÁS para perseguir a los delincuentes en la ruralidad: se fortalecerán los patrullajes mixtos en las 25 zonas de las nueve subregiones de Antioquia. Ejército y Policía tendrán dotación de:
- 31 vehículos militares blindados –cazadores–
- 165 motocicletas
- 51 camionetas
- 66 radios
- 51 drones 3
Justicia disuasiva con la construcción de una cárcel departamental: se busca liberar a los policías de labores de custodia y cumplir las disposiciones de la Corte Constitucional.
- Construcción de una cárcel departamental para 1.000 privados de la libertad, con el fin de despejar las estaciones de Policía y operación de la cárcel durante el periodo de Gobierno correspondiente. 4. Infraestructura digna para nuestros soldados y policías: mejoramiento a estaciones de Policía y bases de Ejército y Armada que están deterioradas.
- Proyectos priorizados por la Fuerza Pública 5. Convivencia con placas polideportivas para la prevención del delita, la recreación y el sano esparcimiento en escenarios deportivos.
- Mejoramiento y recuperación de infraestructura deportiva en cinco mil placas polideportivas.
¿Cómo se cobrará la Tasa?
Están exentos de la contribución el 85 % de los suscriptores residenciales pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, mientras que el 63 % de los suscriptores del sector comercial pagarán, aproximadamente, un máximo de $ 28.400 al mes a precios de 2024. El 75 % de los suscriptores del sector industrial pagarán máximo 122 mil pesos al mes a precios de 2024.
La Tasa de Seguridad se calculará según el consumo de energía de cada suscriptor en kilovatios / hora – kWh por una fracción de la Unidad de Valor Tributario, definida por el tipo de suscripción. El sector residencial contribuirá con 0,0017 UVT (80 pesos para 2024) por cada kWh consumido al mes, el sector comercial con 0,0015 UVT (71 pesos para 2024) por kWh / mes y el sector industrial con 0,0013 UVT (61 pesos para 2024) por kWh / mes.
Durante el debate se acogió una proposición de la Andi con la cual se fijaron unos topes máximos de kilovatios / mes a gravar en el sector no residencial, es decir, industrial, comercial y oficial. Para el sector industrial, la Tasa se liquidará hasta un consumo de 500 mil kWh / mes, mientras que para los sectores comercial y oficial será de 70 mil kWh al mes.
La Secretaría de Hacienda será la encargada de la liquidación de la Tasa, mientras que las empresas comercializadoras, distribuidoras o prestadoras del servicio de energía podrán recaudarla. La contribución tendrá una vigencia entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2027.